Expediente carcelarios de la Prisión Provincial de Huelva
La editorial Facediciones (Facediciones.es en su versión web) viene publicando desde 2008 más de 100 títulos acerca de la represión franquista en las provincias de Sevilla y Huelva. Respecto a esta última, los historiadores Juan José Antequera y Juan José Luengo han completado, hasta el momento, el estudio de todos los expedientes carcelarios de su Prisión Provincial durante el período 1936-1939, referidos a presos republicanos, cuyas vicisitudes personales, así como los estudios de series y cuantas consecuencias se extraen de tan impresionante regesto documental están siendo sacados a la luz por la referida editorial.
Los fondos documentales de la Prisión Provincial de Huelva, incluidos en las colecciones de la Administración Periférica del Estado (Interior) del Archivo Histórico Provincial de esa ciudad, se almacenan en 165 cajas, cuyos extremos cronológicos van de 1932 a 1949, abarcando, por tanto, casi todo el período republicano, la guerra civil y una década de postguerra tras la victoria nacional.
Intención de estos trabajos es, por un lado, interpretar el fenómeno carcelario de la provincia andaluza que propició, junto a Sevilla, el éxito inicial de la sublevación militar de 1936 mediante la creación de una retaguardia exenta de enemigos, y, por otro, conocer las circunstancias individuales de los presos políticos, que aguardaban la venganza –el exterminio– de una parte de la sociedad alejada de la escuela penal positiva. La apertura de expedientes de ingreso posibilita que se conozcan hoy sus nombres y algunas peripecias vitales. En ese sentido corrieron mejor suerte que quienes sufrieron el ilegítimo bando de guerra en el anonimato.
Su punto de partida es el 18 de julio de 1936, que inicia en la península la desmembración violenta de la II República, es decir, catorce de los dieciocho años de que consta el montante cronológico de la sección. Las noticias que aportan los expedientes carcelarios dan luz sobre vidas humanas que la maquinaria del franquismo neutralizó o hizo desaparecer. La documentación de ese año (de julio a diciembre) suma 1.441 expedientes, pero no todos los que ingresaron entonces fueron asentados en el registro general de la cárcel, pues sólo 399 presos políticos gozan de esa formalidad administrativa. Deben añadirse todos aquéllos que cumplían condena tiempo atrás y cuantos, por la razón que sea, no fueron asentados o no se conservan sus expedientes.
La lectura de las minutas anexas a algunos expedientes permite conocer, en algunos casos, a quienes acompañaban al detenido en su entrada o salida del recinto, que aumentan la cifra oficial. Son numerosos los expedientes en esas circunstancias, sobre los que puede elucubrarse, si se tiene en cuenta que el contraste con listas de asesinados en Huelva prueba, de muchos, su muerte violenta, que la Prisión, cómplice con la autoridad gobernante, empleaba para éstos determinadas consignas (obviar su ingreso y/o excarcelación), o bien, dado que algunos sobrevivieron, que, en realidad, la administración carcelaria fue ineficaz ante una situación de esta naturaleza, utilizando métodos, cuando menos, harto irregulares de burocratizar a la población reclusa durante aquel año.
El carácter criminal de todas las excarcelaciones se aprecia en la inexistencia de autos judiciales, ni siquiera invocando la socorrida aplicación del bando de guerra, si se exceptúa el caso del diputado Juan Gutiérrez Prieto, condenado a muerte tras la pantomima de un consejo sumarísimo de urgencia, único preso político de 1936 cuyo expediente informa sobre su destino verdadero. Avanzado 1937, para encubrir el franquismo su actuación genocida se parapeta tras los tribunales de justicia militar, pretendiendo legalizarla. Pero acaba de estallar el 'movimiento' y es la milicia la que, usurpando el poder judicial, interpreta leyes y programa la eliminación inmediata de los desafectos sin concurso de los tribunales. Claro está, la Prisión Provincial, convertida en improvisado almacén de izquierdistas a la espera de su depuración, se limita a encarcelar o excarcelar por orden superior. Amparados unos en otros, nadie asume la muerte de los sujetos que idearon exterminar.
La editorial espera culminar la publicación en los próximos meses de los expedientes carcelarios del período 1940-1945.
Principales editores del artículo
- Ana Mercado (Discusión |contribuciones) [1]
- Fátima (Discusión |contribuciones) [1]
